El partido en el Gobierno, el PSOE, ha presentado una modificación de la legislación actual sobre la ocupación. Tras el cambio, un juez podrá autorizar el desalojo de los ocupas 48 horas después de que el propietario del inmueble lo solicite.
Se aplica en los casos en que alguien ha entrado en la propiedad de otra persona y en los casos en que ha forzado la entrada directamente. La oposición, a través de Pablo Casado (Partido Popular), presentó una propuesta parecida ya en 2020, con la intención de que las personas salieran en 24 o en 48 horas.
La legislación española y la forma en que la policía aplica las normas se han actualizado y modificado en los últimos años. El objetivo es facilitar el desalojo de personas de inmuebles en los que han entrado forzando la entrada. El ”derecho a una vivienda digna” de la Constitución española, para todos en España, es el origen del problema.
Pese al foco de los medios en casos concretos, la ocupación de viviendas habituales no es frecuente en España. Lo más habitual es que se ocupen inmuebles adjudicados a los bancos, a veces por el propietario original de esas mismas viviendas. En otros casos hay un conflicto entre antiguos inquilinos o entre familiares en el que una de las partes acaba como ”ocupa”. En las grandes ciudades hay ocupantes que actúan por motivos ”ideológicos”. Esto se ha visto mucho en Barcelona.
El problema, sin embargo, ha crecido durante la pandemia. Se debe al aumento de la pobreza y a la escasa vigilancia de las viviendas que normalmente están vacías. Se vio que durante la pandemia las autoridades españolas suavizaron la mano dura que por lo demás han querido mostrar en este asunto.
Información tomada de Spaniaposten 28/09/2022